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¿Quién debe asumir la responsabilidad cuando se produce un siniestro en el que está implicado un coche autónomo? Esta es una pregunta que ya se ha planteado la DGT y cuya respuesta está estudiando.
Hasta ahora, cuando se produce un accidente de tráfico, el análisis de la responsabilidad suele girar en torno al comportamiento del conductor, el cumplimiento de las normas de circulación y las circunstancias concretas del siniestro.
Sin embargo, con los vehículos totalmente automatizados entra en juego un nuevo actor: el fabricante o desarrollador del sistema de conducción autónoma.
Por eso, Tráfico quiere establecer un marco jurídico más claro que determine si, en caso de accidente, la culpa corresponde al propietario o usuario del vehículo, al fabricante, al proveedor tecnológico o incluso a varios responsables al mismo tiempo.
La DGT ya ha concedido 16 autorizaciones de dos años a distintas compañías, entre ellas empresas como Tesla o Google, para realizar pruebas con vehículos autónomos con conductor de seguridad.
El objetivo es que estos coches recorran entre 400.000 y 500.000 kilómetros y que, durante ese proceso, se puedan registrar incidencias, errores, mejoras técnicas y situaciones reales de circulación.
Este dato sitúa a España como el país de la Unión Europea con más pruebas de vehículos autónomos en marcha, por delante incluso del Reino Unido.
Además, las compañías dedicadas al robotaxi, es decir, al transporte de viajeros sin conductor, han puesto sus ojos en la Comunidad de Madrid. Su intención es que Madrid se convierta en un escaparate europeo para este tipo de servicios, algo que obligará a adaptar la normativa de tráfico, seguridad vial, seguros y responsabilidad civil.
Para ordenar este nuevo escenario, la DGT prepara una modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La reforma se centrará en los vehículos totalmente automatizados y ya se encuentra en fase de consulta pública previa.
Según el texto sometido a consulta, la futura normativa incluirá un régimen específico de responsabilidad y sanciones para los vehículos autónomos. Esta materia se incorporará mediante un nuevo título dentro de la ley.
La propia DGT justifica la necesidad de regular este ámbito con una declaración clara: "No existe en este caso alternativa alguna no regulatoria, pues se trata de cuestiones de tal calado jurídico que no pueden abstraerse de una regulación, ni existe en la actualidad norma europea que rija de forma común para todo el conjunto de la Unión Europea".
Esta frase refleja la complejidad del reto. La tecnología avanza con rapidez, pero la legislación debe ofrecer seguridad jurídica tanto a los conductores como a los fabricantes, aseguradoras, administraciones públicas y víctimas de posibles accidentes.
Uno de los puntos clave de la reforma será determinar quién paga una multa o quién responde ante un siniestro cuando el vehículo circula en modo autónomo. No es lo mismo una infracción cometida por una persona al volante que una decisión tomada por un sistema automatizado.
En este contexto, pueden surgir varias situaciones. Por ejemplo, si el vehículo exige que el conductor supervise la marcha y este no actúa cuando debería, la responsabilidad podría recaer sobre el usuario.
En cambio, si el accidente se produce por un fallo del software, de los sensores o del sistema de toma de decisiones, el fabricante podría tener un papel central en la responsabilidad.
También puede haber supuestos mixtos, en los que intervengan tanto errores humanos como defectos técnicos. Precisamente por eso, la DGT quiere definir un marco que permita analizar cada caso con criterios claros.
El debate sobre la responsabilidad no es nuevo. En 2018, un estudio elaborado por la Confederación Nacional de Autoescuelas y el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia ya abordó esta cuestión.
La investigación señalaba que una de las principales preocupaciones relacionadas con el coche autónomo era la posibilidad de que el sistema pudiera ser hackeado.
Los datos del estudio mostraban división de opiniones entre los conductores. Un 18,9 por ciento consideraba que la responsabilidad debía ser únicamente del conductor.
Por su parte, el 33,9 por ciento atribuía la responsabilidad exclusivamente al fabricante. Sin embargo, la opción mayoritaria era la responsabilidad compartida: el 47,2 por ciento pensaba que tanto el fabricante como el conductor podrían tener parte de culpa.
La regulación del vehículo autónomo también tendrá consecuencias directas en el sector asegurador. Si cambia la forma de atribuir la responsabilidad, también deberán adaptarse los seguros de coche, las coberturas y los procesos de indemnización.
En un accidente tradicional, la aseguradora analiza la actuación del conductor. En un siniestro con un vehículo autónomo, será necesario estudiar otros elementos: registros del sistema, actualizaciones de software, funcionamiento de sensores, intervención del usuario y posibles fallos de fabricación.
Por tanto, la futura reforma de la DGT no solo afectará a la circulación de los coches autónomos. También marcará el camino para adaptar la seguridad vial, la responsabilidad civil y los seguros a una nueva etapa de la movilidad.
Lo que parece evidente es que España quiere situarse en una posición destacada dentro del desarrollo del vehículo autónomo en Europa. Pero para que esta tecnología avance con garantías, necesitas una normativa clara que proteja a todos los implicados: usuarios, peatones, empresas, fabricantes y víctimas de accidentes.