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¿Quieres saber cuáles son las diferencias entre la Dirección General de Carreteras y la Dirección General de Tráfico? ¿Qué funciones y qué competencias tienen cada uno de estos organismos? Te lo vamos a aclarar en las siguientes líneas.
En España, las carreteras no solo sirven para conectar territorios, sino que también representan un complejo entramado de responsabilidades administrativas.
Diversas instituciones públicas participan en su planificación, construcción, mantenimiento y supervisión, desde el ámbito nacional hasta el local.
Un ejemplo ilustrativo de esto es la M-30, cuya titularidad administrativa recae en el Ayuntamiento de Madrid, pese a su relevancia en la movilidad de la capital.
Para entender cómo se organiza la gestión de la Red de Carreteras del Estado (RCE), es fundamental identificar qué organismos tienen competencias en esta materia y qué funciones específicas desarrollan.
Nos referimos a infraestructuras como autovías, autopistas y carreteras nacionales, cuya importancia estratégica para el transporte y la economía requiere una administración eficaz y coordinada.
Dos de los organismos más relevantes en este ámbito son la Dirección General de Carreteras (DGC) y la Dirección General de Tráfico (DGT).
Aunque ambas pertenecen a la Administración General del Estado, sus competencias y objetivos son diferentes, por lo que conviene diferenciarlas claramente.
La Dirección General de Carreteras, adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene como misión la planificación, construcción, conservación y explotación de las carreteras del Estado.
En palabras del propio organismo, su labor se orienta a "que los ciudadanos puedan disponer de unas adecuadas infraestructuras".
Por su parte, la Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, se ocupa de la regulación del tráfico y la seguridad vial.
Entre sus principales objetivos se encuentran la mejora de la seguridad de los usuarios, la fluidez de la circulación y la gestión de trámites administrativos relacionados con el tráfico, como permisos de conducción y sanciones.
La DGC es el organismo responsable de gestionar los 26.525 kilómetros que actualmente componen la Red de Carreteras del Estado.
Su trabajo se rige por los instrumentos establecidos en la Ley 37/2015, y abarca una amplia gama de tareas, entre las que destacan:
La elaboración y seguimiento de la planificación estratégica de la RCE.
La gestión de concesiones relativas a áreas de servicio.
La elaboración de mapas de ruido y la planificación de medidas correctoras.
La supervisión técnica y administrativa de proyectos y obras.
Para organizar de manera eficiente estas tareas, la DGC se estructura en diferentes Subdirecciones Generales: Planificación y Explotación; Proyecto y Obras; Conservación y Gestión de Activos; Sostenibilidad e Innovación; y Coordinación.
La DGT también cuenta con una extensa lista de responsabilidades, entre las que se incluyen:
La redacción de estudios y proyectos legislativos en materia de tráfico y seguridad vial.
La coordinación con entidades locales respecto a la normativa estatal de circulación.
El diseño de programas educativos sobre seguridad vial y formación de conductores.
Además, la DGT se organiza a través de distintas Subdirecciones Generales, como son la Secretaría General, Gestión de la Movilidad y Tecnología, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, y la Subdirección de Formación y Educación Vial.
Es importante subrayar que, más allá de la DGC y la DGT, existen otras administraciones que también participan en la gestión viaria, especialmente en el ámbito autonómico y local.
Las comunidades autónomas tienen competencias sobre sus propias redes viarias, mientras que diputaciones y ayuntamientos asumen responsabilidades sobre carreteras provinciales y locales.
La existencia de esta variedad de actores requiere una constante coordinación interadministrativa para garantizar que las infraestructuras sean seguras, eficientes y estén adaptadas a las necesidades de los ciudadanos y del transporte moderno.
En definitiva, la gestión de la Red de Carreteras del Estado no es responsabilidad de una sola entidad, sino el resultado de la acción conjunta de diferentes niveles de la Administración.
La Dirección General de Carreteras se ocupa de la infraestructura física, mientras que la Dirección General de Tráfico vela por la seguridad y regulación del tráfico en esas mismas vías.
Ambas, junto con las administraciones autonómicas y locales, forman un ecosistema institucional que tiene como objetivo garantizar una movilidad eficaz, sostenible y segura para todos los usuarios.