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¿Sería conveniente cambiar la tipología del delito y llamarlo homicidio en carretera en lugar de la denominación actual de homicidio imprudente cundo por culpa del alcohol o las drogas se cometen imprudencias que dan como resultado la muerte de una persona?
¿Qué dicen las asociaciones de prevención de accidentes? ¿Y los profesionales de la justicia?
Como puede observar te hemos lanzado preguntas muy interesantes. Y te las hemos lanzado porque se ha encendido un fuerte debate.
Un debate que ha tenido su origen en la intención de Francia de crear un delito de homicidio en carretera para casos que en estos momentos tienen la consideración de homicidio involuntario.
Un cambio que no se traduciría en un aumento de las penas pero que sí responde a un deseo ya expresado por diversas asociaciones de víctimas en carretera.
Nos podemos hacer otra pregunta. El cambio de denominación de
este delito, ¿servirá para reducir el número
de víctimas mortales en carretera?
Reducir el número de muertes hasta el 0 es el objetivo de muchos gobiernos e instituciones. ¿Sería este un paso más?
¿Y qué es lo que se está diciendo en España sobre este cambio de nombre? La revista Eldebate.com ha recogido la opinión de Vicente Sánchez, de la Asociación de Prevención de Accidentes deTráfico (PAT).
Vicente Sánchez ha declarado que todo lo que sea llamar a las cosas por su propio nombre es lo adecuado.
Se insiste en que estas muertes son a todas luces evitables. Basta con no coger el coche cuando se ha tomado alcohol o drogas.
En la misma revista se ha interrogado sobre el asunto a otra
asociación como es Stop Accidentes.
Como la anterior también están a favor del cambio de nombre porque consideran
que homicidio imprudente da una idea de que el accidente que ha provocado la
víctima mortal ha sido casual o
fortuito.
Todo lo contrario, dice Ana Novella de esta asociación. Tomar drogas o alcohol no es otra cosa que saltarse la ley.
Los datos del Ministerio del Interior, que son de 2020 nos indican que en las cárceles españolas había 26 personas acusadas o condenadas por haber cometido un homicidio imprudente con su vehículo. De estas 26 personas, sólo dos eran mujeres.
El perfil de las personas que cometen este delito es un joven de entre 31 y 40 años y que pasan una media de cuatro años en la cárcel.
Los delitos que han cometido son básicamente dos: Haber conducido en dirección contrario o bien bajo los efectos del alcohol.
Este delito representa el 20 por ciento de los homicidios imprudentes, el 0,7 por ciento del total de los homicidios y el 2,4 por ciento de los internos en prisión por delitos de seguridad vial.
Los últimos datos de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial nos indican que el 42 por ciento de todas las diligencias urgentes realizadas en 2022 fueron por delitos contra la seguridad vial y se dictaron 104.660 sentencias condenatorias, el mayor número de toda la serie histórica.
El cambio de denominación, según las asociaciones consultadas, sería una medida para elevar el nivel de importancia de este delito y, evidentemente, una señal para intentar reducir aún más las víctimas mortales.
Algunas de estas asociaciones también reclaman que se
aumente las penas a los que se han saltado la ley y aumentar la cuantía de las indemnizaciones a las familias.
Muchos conductores también creen que la creación de un delito para los homicidios en carretera sería positivo porque pondría la seguridad vial en el centro del debate, como señala el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo.
El cambio de nombre ha sido contestado por algunos representantes de la Justicia desde las redes sociales.
Argumentan que un homicidio es un homicidio y que esta cambio de denominación supondrá crear, por poner algunos ejemplos, un homicidio en la cocina, un homicidio en el garaje...
Un homicidio, dicen, es un homicidio independientemente del lugar donde se produzca.
Este cambio, añaden, provocaría inseguridad jurídica a los perjudicados.
Por último indican que todas las instituciones han de hacer bien su trabajo para que quien haya cometido el delito cargue con todas las consecuencias previstas en la ley.