El flujo informativo a cerca del caso de la manipulación de los controles de emisiones de los vehículos Volkswagen que al parecer podrían haber sacado a la calle más de once millones de vehículos no deja de sorprender constantemente con nuevos datos que asusten a los propietarios.
De un lado,
las administraciones públicas y asociaciones automovilísticas pretenden cercar
al fabricante alemán de modo que toda la información salga a la luz y este caso
sirva como ejemplo para evitar tentaciones al resto de marcas de cara a
hipotéticas futuras modificaciones del estilo de la de Volkswagen.
La última de
ellas es la reclamación de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (Sespas) que solicita una investigación de todos los
vehículos que se venden en Europa para tener "controles efectivos"
completamente externos a las marcas.
Recientemente,
también fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que se pronunció al respecto
solicitando a este órgano que se encargue de investigar el caso, pues a juicio
del tribunal, se trata de un caso en el que ciudadanos de cualquier parte del
estado podrían verse afectados y, por lo tanto, no debe ser un órgano menor el
que vele por los intereses de los ciudadanos.
Por su
parte, la OCU estima que son 70.000 los vehículos que se podrían haber vendido
en España, por lo que aconseja la realización de una demanda colectiva, pues
entiende que la presión de un grupo elevado de afectados será más fuerte y
podrá conseguir mayores beneficios para los propietarios.
Y como no
podría ser de otra forma, diferentes empresas del sector del derecho han visto
en este caso una oportunidad de negocio y no son ya pocas las empresas que
ofrecen llevar el caso, pues para una compañía especializada en reclamaciones,
la tramitación de este tipo de demandas a modo colectivo supone un gasto mucho
menor que en el caso de demandas individuales.
En cualquier caso, el afectado termina siendo siempre el mismo, el propietario, que teniendo en cuenta la estafa en la que se ha visto envuelto, son muchas las consecuencias a las que se enfrenta tras el descubrimiento de estas manipulaciones, que como fin último costará dinero al conductor de cada Volkswagen. ¿Cuáles serán los problemas?
El coche perderá valor, pues aunque no estemos hablando de coches nuevos, la reputación de la marca se ha visto afectada y mientras en el pasado un Volkswagen era visto como una de las mejores insignias fuera de la categoría de los coches de lujo, en la actualidad ha perdido puntos con respecto a sus principales competidores.
- Aumento de consumo. Al tener que adaptar las emisiones de los coches afectados a los que la legislación impone, la optimización del carburante será peor y por lo tanto el precio del kilómetro será sensiblemente más elevado.
- Pérdida de potencia. También la potencia podría verse afectada, pues una de las formas más sencillas de controlar las emisiones es reducir la potencia del motor, pese a haber comprado un vehículo con una gran fuerza.
- Aumento de costes de contribución. Las legislaciones municipales y nacionales están cada vez más encaminadas a la discriminación positiva para aquellos vehículos que son más respetuosos con el medio ambiente y esto se traduce en una tributación menor en lo que se refiere a impuesto de circulación y también a al estacionamiento regulado.
- Tiempo y coste las revisiones oficiales de Volkswagen. Aunque la marca ha asegurado que se encargará y hará frente a todas las revisiones de los vehículos afectados, no ha quedado aún claro si asumirá también los costes derivados de estas revisiones tales como traslados al taller, disposición de vehículo alternativo, tiempo invertido en este concepto, etc.
- Y éstas son
solo algunas de las consecuencias que sufrirán los propietarios de las marcas
afectadas, que podrían solicitar indemnizaciones conjuntas, pero que aún no
está claro a cuanto podrían ascender.